En diálogo con La Unión, los intendentes analizan el tema y coinciden que debe tratarse con “seriedad” y pensando en una profunda planifi cación a futuro. En busca de un mayor financiamiento comunal existen posturas diferentes y aristas sobre un debate muy amplio, que no se termina en estas líneas.
Por Nicolás Sagaian. La Unión, 1 de agosto de 2010.- Dentro del debate sobre la sustentabilidad económica de cada municipio, los argumentos cruzados en torno a los recursos coparticipables ocupan un lugar privilegiado en la agenda cotidiana. No obstante, en la discusión política del tema, muchas veces quedan fuera factores centrales a tener en cuenta si es que verdaderamente lo que se busca conseguir es una mayor “autonomía” monetaria de los distritos en relación a los gobiernos de provincia y Nación.
Eso es lo que coincidieron los distintos jefes comunales de la región, en diálogo con La Unión, en un profundo análisis de la trama. ¿Por qué? Según afirman en su mayoría, se pierde de vista que no es el momento propicio para avanzar en una reformulación legislativa de la coparticipación. “Hay que esperar el censo de octubre para tener una discusión más seria al respecto”, destaca con firmeza el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde.
Lo que sucede es que el régimen (las cifras) de distribución de recursos tributarios está “desactualizado”. Es que los fondos que recibe cada uno de los municipios están directamente relacionados con la cantidad de electores con los que cuentan de acuerdo a las estadísticas del último censo nacional de 2001. Entonces, se produce un desfasaje muy grande entre lo que cada distrito verdaderamente debería recibir y lo que actualmente percibe.
Por ejemplo, Lomas tiene un padrón de 450 mil electores y toma coparticipación por 420 mil. También, según se estima, pasó largamente el millón de habitantes y recibe recursos por casi 600 mil, siguiendo los datos recabados diez años atrás. La diferencia es notoria. Lo mismo sucede en Avellaneda, donde hace una década la población rondaba los 328 mil habitantes, mientras que ahora se estipula que con un crecimiento de un 20 por ciento, alcanza los 400 mil.
Sin embargo, la discusión posee muchas vueltas, es más profunda y ostenta innumerable cantidad de aristas. Los intendentes intentan abarcarlas en el siguiente informe.
En busca de un mayor financiamiento
El sistema de coparticipación a nivel nacional, tiene la intención de lograr el desarrollo armónico de las regiones. En el caso de la legislación argentina lo que se busca es que las jurisdicciones más ricas puedan contribuir al crecimiento de las más postergadas. “La idea es que haya una mayor integridad para el desarrollo paralelo de todos”, resalta el jefe comunal de Avellaneda, Jorge Ferraresi, postulando una visión amplia.
De acuerdo a la Ley 23.548, poco más del 42 por ciento pasa en forma automática a Nación, mientras que el casi cincuenta y cinco recae en las provincias (el restante va al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional). De ese total, Buenos Aires recibe casi el 20 por ciento que es distribuido de forma fija (un 25 por ciento) y proporcional (un 65) a los distintos municipios.
El valor principal dentro del total de los fondos transferidos desde la provincia a los municipios surge de la “coparticipación bruta”, la cual se destina teniendo en cuenta un “coeficiente único de distribución”(CUD): un 36 en población; 13,3 “inversa de la capacidad tributaria; 8,7 superficie; 42 salud; esquema surgido de la ley 10.559 que regula la distribución.
Así, la distribución de la coparticipación primaria, sumada a otros aportes coparticipables (impuesto al cheque, retenciones sojeras, entre otras), les “sirve” en gran medida a los municipios para “equilibrar” su situación financiera. Pero según afirman los mandatarios, no es un “recurso salvador” para resolver todos los problemas, por lo que el manejo económico “no es fácil” más allá de los repartos gubernamentales.
“Pasa el tiempo y el porcentaje de coparticipación se reduce en términos reales”, evalúa el alcalde Fernando Gray. A saber, en materia de salud algunos municipios llegan a aportar “el doble de los recursos” que reciben para el área y eso produce un desfinanciamiento silencioso pero prolongado. Esa fue una de las conclusiones a las que llegaron intendentes de la tercera sección electoral en una reunión de mandatarios que se realizó meses atrás en Avellaneda.
Posturas diversas
Las salidas respecto a esta situación no son unívocas. Por un lado desde el gobierno de Almirante Brown, voceros afirmaron a este diario que “hay que rediscutir” a largo plazo la ley porque si bien la administración de Darío Giustozzi tiene “espaldas para bancar la situación”, a otros municipios del conurbano ”se le complica hacer pie” ante este panorama.
De todas maneras, no todos piensan así. Ferraresi asegura que en el marco de las discusiones que se efectúan al respecto en toda la provincia, “difícilmente la discusión de una nueva norma” traiga “una resolución final” viable. “Es un debate larguísimo, sin conclusiones. Por eso no creo que se vaya a modificar la legislación vigente por una nueva”, opina al mismo tiempo que sostiene que no se debe apuntar a un cambio relacionado con el desarrollo de cada distrito.
“No se puede pensar en el progreso propio de cada municipio, el régimen apunta a otra cosa”, puntualiza. En ese sentido, en el gabinete comunal de Echeverría reconocen eso, pero también resaltan por lo bajo que una posibilidad de mayor financiamiento para mejorar los servicios no puede estar fuera de la agenda de cada una de las ciudades bonaerenses, donde más riqueza productiva se genera y a la vez se concentran varios problemas estructurales.
A saber, mediante la coparticipación, convenios y acuerdos, los municipios pudieron agrandar ampliamente sus presupuestos anuales elaborados a fin de año pasado. Sin embargo la situación económica no es ampliamente “cómoda” para ninguno.
“Todos sobreviven gracias a los aportes en dinero y obras de Nación. Entonces discutir la distribución de fondos sin planificación, como quieren algunos, es un facilismo”, afirman en Brown apuntando indirectamente hacia sectores opositores. Por eso, es que la mayoría de los intendentes aclara que el tema debe tratarse con “seriedad” y pensando “a largo plazo”.
En números
Si bien Insaurralde afirma que el tema no está en su agenda, considera que la cuestión será determinante para muchos municipios de cara al futuro. “Creo que el año que viene vamos a tener una discusión un poco más seria”, destaca con la mirada puesta en el próximo censo que se realizará en octubre, que en su distrito arrojará según se prevé cifras muy diferentes a las del 2001.
Como piensan en el gobierno comunal la cantidad de habitantes se ha duplicado. También otros índices del CUD. Con este incremento el distrito recibiría mucho más que los 162 millones que el municipio acogió en el último año. Los avances en Almirante Brown, plantearían una situación bastante parecida; donde la población pasó de 514 mil a más de 700 mil, por los que recibe actualmente 152 millones sin contar los convenios económicos que amplían su presupuesto.
En términos globales, los recursos coparticipables para todos los distritos bonaerenses (134) rozaron los 6.138 millones. Con esto, a grandes rasgos, las administraciones como Esteban Echeverría y Lanús llegaron a cubrir un 48 por ciento de sus gastos. Como queda claro los fondos genuinos locales no logran abarcar en su totalidad los compromisos presupuestarios. Por eso la discusión sobre la distribución integral de fondos s tan importante en el debate económico.
En este punto, todos afirman que si se quiere analizar la situación, hay que hacerlo “sin desfinanciar al Estado”. Entonces la discusión queda abierta abierta, y difícilmente se pueda cerrar, si antes no se evalúa la distribución, los recursos, los tributos y cómo se estructuran todos ellos con un modo de políticas públicas a implementar.
Por Nicolás Sagaian. La Unión, 1 de agosto de 2010.- Dentro del debate sobre la sustentabilidad económica de cada municipio, los argumentos cruzados en torno a los recursos coparticipables ocupan un lugar privilegiado en la agenda cotidiana. No obstante, en la discusión política del tema, muchas veces quedan fuera factores centrales a tener en cuenta si es que verdaderamente lo que se busca conseguir es una mayor “autonomía” monetaria de los distritos en relación a los gobiernos de provincia y Nación.
Eso es lo que coincidieron los distintos jefes comunales de la región, en diálogo con La Unión, en un profundo análisis de la trama. ¿Por qué? Según afirman en su mayoría, se pierde de vista que no es el momento propicio para avanzar en una reformulación legislativa de la coparticipación. “Hay que esperar el censo de octubre para tener una discusión más seria al respecto”, destaca con firmeza el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde.
Lo que sucede es que el régimen (las cifras) de distribución de recursos tributarios está “desactualizado”. Es que los fondos que recibe cada uno de los municipios están directamente relacionados con la cantidad de electores con los que cuentan de acuerdo a las estadísticas del último censo nacional de 2001. Entonces, se produce un desfasaje muy grande entre lo que cada distrito verdaderamente debería recibir y lo que actualmente percibe.
Por ejemplo, Lomas tiene un padrón de 450 mil electores y toma coparticipación por 420 mil. También, según se estima, pasó largamente el millón de habitantes y recibe recursos por casi 600 mil, siguiendo los datos recabados diez años atrás. La diferencia es notoria. Lo mismo sucede en Avellaneda, donde hace una década la población rondaba los 328 mil habitantes, mientras que ahora se estipula que con un crecimiento de un 20 por ciento, alcanza los 400 mil.
Sin embargo, la discusión posee muchas vueltas, es más profunda y ostenta innumerable cantidad de aristas. Los intendentes intentan abarcarlas en el siguiente informe.
En busca de un mayor financiamiento
El sistema de coparticipación a nivel nacional, tiene la intención de lograr el desarrollo armónico de las regiones. En el caso de la legislación argentina lo que se busca es que las jurisdicciones más ricas puedan contribuir al crecimiento de las más postergadas. “La idea es que haya una mayor integridad para el desarrollo paralelo de todos”, resalta el jefe comunal de Avellaneda, Jorge Ferraresi, postulando una visión amplia.
De acuerdo a la Ley 23.548, poco más del 42 por ciento pasa en forma automática a Nación, mientras que el casi cincuenta y cinco recae en las provincias (el restante va al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional). De ese total, Buenos Aires recibe casi el 20 por ciento que es distribuido de forma fija (un 25 por ciento) y proporcional (un 65) a los distintos municipios.
El valor principal dentro del total de los fondos transferidos desde la provincia a los municipios surge de la “coparticipación bruta”, la cual se destina teniendo en cuenta un “coeficiente único de distribución”(CUD): un 36 en población; 13,3 “inversa de la capacidad tributaria; 8,7 superficie; 42 salud; esquema surgido de la ley 10.559 que regula la distribución.
Así, la distribución de la coparticipación primaria, sumada a otros aportes coparticipables (impuesto al cheque, retenciones sojeras, entre otras), les “sirve” en gran medida a los municipios para “equilibrar” su situación financiera. Pero según afirman los mandatarios, no es un “recurso salvador” para resolver todos los problemas, por lo que el manejo económico “no es fácil” más allá de los repartos gubernamentales.
“Pasa el tiempo y el porcentaje de coparticipación se reduce en términos reales”, evalúa el alcalde Fernando Gray. A saber, en materia de salud algunos municipios llegan a aportar “el doble de los recursos” que reciben para el área y eso produce un desfinanciamiento silencioso pero prolongado. Esa fue una de las conclusiones a las que llegaron intendentes de la tercera sección electoral en una reunión de mandatarios que se realizó meses atrás en Avellaneda.
Posturas diversas
Las salidas respecto a esta situación no son unívocas. Por un lado desde el gobierno de Almirante Brown, voceros afirmaron a este diario que “hay que rediscutir” a largo plazo la ley porque si bien la administración de Darío Giustozzi tiene “espaldas para bancar la situación”, a otros municipios del conurbano ”se le complica hacer pie” ante este panorama.
De todas maneras, no todos piensan así. Ferraresi asegura que en el marco de las discusiones que se efectúan al respecto en toda la provincia, “difícilmente la discusión de una nueva norma” traiga “una resolución final” viable. “Es un debate larguísimo, sin conclusiones. Por eso no creo que se vaya a modificar la legislación vigente por una nueva”, opina al mismo tiempo que sostiene que no se debe apuntar a un cambio relacionado con el desarrollo de cada distrito.
“No se puede pensar en el progreso propio de cada municipio, el régimen apunta a otra cosa”, puntualiza. En ese sentido, en el gabinete comunal de Echeverría reconocen eso, pero también resaltan por lo bajo que una posibilidad de mayor financiamiento para mejorar los servicios no puede estar fuera de la agenda de cada una de las ciudades bonaerenses, donde más riqueza productiva se genera y a la vez se concentran varios problemas estructurales.
A saber, mediante la coparticipación, convenios y acuerdos, los municipios pudieron agrandar ampliamente sus presupuestos anuales elaborados a fin de año pasado. Sin embargo la situación económica no es ampliamente “cómoda” para ninguno.
“Todos sobreviven gracias a los aportes en dinero y obras de Nación. Entonces discutir la distribución de fondos sin planificación, como quieren algunos, es un facilismo”, afirman en Brown apuntando indirectamente hacia sectores opositores. Por eso, es que la mayoría de los intendentes aclara que el tema debe tratarse con “seriedad” y pensando “a largo plazo”.
En números
Si bien Insaurralde afirma que el tema no está en su agenda, considera que la cuestión será determinante para muchos municipios de cara al futuro. “Creo que el año que viene vamos a tener una discusión un poco más seria”, destaca con la mirada puesta en el próximo censo que se realizará en octubre, que en su distrito arrojará según se prevé cifras muy diferentes a las del 2001.
Como piensan en el gobierno comunal la cantidad de habitantes se ha duplicado. También otros índices del CUD. Con este incremento el distrito recibiría mucho más que los 162 millones que el municipio acogió en el último año. Los avances en Almirante Brown, plantearían una situación bastante parecida; donde la población pasó de 514 mil a más de 700 mil, por los que recibe actualmente 152 millones sin contar los convenios económicos que amplían su presupuesto.
En términos globales, los recursos coparticipables para todos los distritos bonaerenses (134) rozaron los 6.138 millones. Con esto, a grandes rasgos, las administraciones como Esteban Echeverría y Lanús llegaron a cubrir un 48 por ciento de sus gastos. Como queda claro los fondos genuinos locales no logran abarcar en su totalidad los compromisos presupuestarios. Por eso la discusión sobre la distribución integral de fondos s tan importante en el debate económico.
En este punto, todos afirman que si se quiere analizar la situación, hay que hacerlo “sin desfinanciar al Estado”. Entonces la discusión queda abierta abierta, y difícilmente se pueda cerrar, si antes no se evalúa la distribución, los recursos, los tributos y cómo se estructuran todos ellos con un modo de políticas públicas a implementar.
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