Piratería: delito y cultura

Por las copias truchas de películas y discos Argentina pierde más de 1.100 millones de dólares por año. La ley castiga a quien hace copias ilegales como al que las compra. Pero es de muy difícil aplicación. Los defensores del acceso libre y gratuito a los bienes culturales lo ven como una revolución.

Por Nicolás Sagaian. Revista El Cruce, agosto de 2010.- El avance de las nuevas tecnologías plantea un gran dilema en la industria del entretenimiento. Legal versus accesible es la huella disyuntiva de un conflicto sobre los modos en que se dirime el acceso a la información -cada vez más instantáneo, masivo y “democrático”-, de toda clase de bienes culturales. El problema no es sólo económico, también presenta aristas de un conflicto ético y legal: ¿La “piratería” es un delito que atenta contra el comercio tradicional que, justamente, sobrevive con la venta de sus productos? ¿O es una gran revolución cultural que propone la construcción de un nuevo universo en estos últimos tiempos?

Por el momento, las dudas siguen abiertas. Pero la balanza parecería inclinarse hacia uno de los costados, si se pone el foco en los últimos datos brindados por una cámara empresarial de Estados Unidos que reúne a gran parte las empresas de música, cine y software del mundo. Según un ranking de países que “no protegen la propiedad intelectual”, Argentina pierde alrededor de 1.112 millones de dólares anuales en todos los rubros debido al avance de las copias ilegales en las industrias paralelas.

En ese contexto algunos especialistas piden un cambio ya. Sin embargo, discografías enteras y películas pueden conseguirse antes de su estreno comercial. También sistemas operativos, juegos y libros, no escapan a la burbuja “pirata” de la que todos en algún momento hemos participado. Sea a través de una computadora o de pasada mediante un puesto callejero, casi “sin quererlo” hemos quebrado naturalmente más de una ley. Así, podríamos llegar al absurdo de llenar innumerable cantidad de juzgados por bajar la última temporada de Lost.

Ese parecería ser el gran vacío de sentido ante la legislación actual (Ley 11.723), que prevé hasta seis años de prisión para quien edite, venda o reproduzca por cualquier medio “obras artísticas, científicas y literarias” no autorizadas por el autor. En el ámbito de la compra callejera la figura legal sería la de “encubrimiento” (Artículo 277 del Código Penal). Entonces quien compre cualquier material de origen fraudulento podría ser “reprimido con prisión de seis meses hasta tres años”.

De todas maneras, la masividad y la dificultad de control de las nuevas tecnologías empujan a las penas casi dentro de un territorio abstracto. A saber, en Internet, “el imperio de la libre información”, no existen normativas específicas. En ese ámbito, el registro de sanciones todavía es muy difuso, por no decir nulo, y particularmente el que existe sólo está enfocado hacia las acciones dispersas que apuntan a las grandes organizaciones de venta callejera.

De intelectuales y usuarios

La contradicción concreta entre “acceso a la información” y el “derecho de propiedad” tiene de un lado y el otro, múltiples defensores. Para la cantante y compositora Fabiana Cantilo “la industria del entretenimiento ha desvalijado a tantos que parecería haber llegado el tiempo del resarcimiento”. En ese punto, la voz femenina rockera de Argentina, considera en diálogo con El Cruce que “la industria no sufrirá más boicots cuando la tecnología exista como un servicio para todos y no para que unos pocos se llenen de dinero”.

Por eso, la artista remarca que posee varios de sus videos y temas colgados en la red debido a que, según considera, “la cultura debe ser libre: una obra va de acá para allá y no puede ser domesticada”. Lo mismo piensa el docente universitario y filósofo Horacio Potel, sobreseído a fines de 2009 de una acción penal en su contra. La Cámara Argentina del Libro le inició una denuncia concreta por la creación de los sitios web “Heidegger en Castellano” y “Nietzsche en Castellano”, que brindan textos de difícil acceso, por falta ejemplares y traducción.

Según Potel, hoy, “las nuevas tecnologías de la información permiten romper las barreras de la privatización del conocimiento. Aunque también están envueltas en una negación dual en sí misma: Mientras la industria sigue criminalizando prácticas tan universalmente establecidas. A la vez, nos vende cada día mejores reproductores de video y música, vinculados a Internet; con lo que tenemos un avanzado kit pirata por un lado, mientras seguimos legislando con una ley de propiedad intelectual obsoleta generada en 1933”.

No obstante, es cierto que con el aumento de la difusión de bienes culturales, algunas empresas comenzaron a caer de manera vertiginosa. Es el caso de los videoclubes que en los últimos años prácticamente han desaparecido de los barrios. Por ejemplo en Buenos Aires, “de los 10.000 negocios legales de alquiler y venta de películas que existían, ahora sólo quedan unos 900”, tal como explica Aldo Fernández, representante de la Unión Argentina Contra la Piratería. El fenómeno se evidencia también en la disminución notable del público que asiste a las salas cine; y si bien es cierto que las causas de esta tendencia pueden ser más amplias, no debe perderse de vista que “el 75 por ciento de los CD’s que circulan en el mercado pertenecen al circuito trucho”, de acuerdo al último relevamiento realizado por la Unión Argentina de Videoeditores (UAV).

Con esto no sólo se produce una pérdida económica de 300 millones, sino que además cambian las formas y modos de ver películas. Para el crítico y productor de cine Axel Kuschevatsky esa es la cuestión más preocupante del tema. “Más allá de las copias ilegales que existan, lo triste es que la piratería no persigue calidad. Entonces una de las cosas más graves de la piratería es que se pierde el hábito de ir al cine. No es lo mismo esa experiencia comunal de sentarse con un montón de tipos a ver una comedia y cagarte de la risa que verla en casa”, opina el productor que dice ser fanático de los extras que traen los DVD’s originales.

Aquí la relación entre lo económico y lo accesible entra en un espiral de conflicto infinito. Al tiempo que unos defienden pagar casi 80 pesos por un DVD nuevo, otros sostienen que las personas que ven “gratis” una película de Internet o la compran por una tercera parte de su valor original para verla en la comodidad de su casa, están pidiendo a gritos, meterse por la ventana de la industria cultural. Queda preguntarse si esa inclusión por una entrada trasera significa verdaderamente un acceso más democrático a la cultura.

Piratas 2.0

Para los usuarios que fueron creciendo al mismo tiempo que se desarrolló Internet, el hábito “pirata” parecería totalmente naturalizado. Y la tendencia difícilmente vaya a torcerse. Existe ya una generación 2.0 para que la posibilidad de entrar una disquerías y pagar un CD por un puñado de temas, suena tan improbable como cambiar los desarrollados aparatitos de telefonía celular por aquellas viejas mochilas pesadas que nos permitían trasladar un teléfono móvil de un lado a otro hace seis o siete décadas.

¿Pero el crecimiento de Internet significa un aumento en el libre acceso a la información y la cultura, o finalmente esa imagen se transforma en un espejismo de pantalla?

Para el sociólogo y especialista en nuevas tecnologías Luis Alberto Quevedo un mayor consumo de bienes culturales no es sinónimo de una mayor democratización cultural. “Verdaderamente lo que daría cuenta de eso es que todos tuvieran acceso a las herramientas y plataformas de producción y distribución de productos, algo que no ocurre”, afirma el docente de la Universidad de Buenos Aires y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

En cambio para Cristian Aldana, presidente de la Unión de Músicos Independientes (UMI), el acceso a música y videos a través de foros, blogs y sitios de descarga es un avance. “Gente que jamás podría escuchar un CD o ir al cine, ahora puede ampliar su marco de participación. Claro que deberían buscarse normas para no perjudicar la inversión ni damnificar a los músicos, pero tiene que haber un cambio fundamentalmente legal”, sostiene el músico, líder de la banda El Otro Yo.

En ese sentido, hay quienes no quieren quedar atrapados en la disyuntiva economía versus accesibilidad. Entonces proponen caminos intermedios. “Debe haber un replanteo de todo el modelo. Internet debe consolidarse como un bien público y regularse a tal fin. Hay músicos y artistas que le han dado una vuelta de tuerca a sus productos para pararse de una forma diferente en los nuevos mercados”, rescata Ariel Vercelli, investigador del CONICET y autor del libro “Repensando los Bienes Intelectuales Comunes”.

Una de las formas que buscan algunos artistas para escaparle a las restricciones que ponen los derechos de autor es adherir a la licencia copyleft (contrapuesta al copyright que resguarda estrictamente la propiedad intelectual). El copyleft permite que todos los consumidores puedan copiar, reproducir y distribuir producciones ajenas siempre y cuando citen la fuente de autor. “Con esto lo que se pretende garantizar es una mayor libertad para que cada receptor de una copia artística pueda modificar o redistribuir la producción, evitando su privatización”, explicó el referente de la UMI.

En el terreno de la gráfica, otra de las estrategias que se utiliza al respecto es el pago de licencias. El Centro de Administración de Derechos Reprográficos (CADRA) permite que se fotocopie legalmente cualquier obra o documento siempre que el local o la institución educativa pague una autorización de reproducción que después se distribuye entre autores y editores.

Libre programación

Si bien América Latina ha logrado disminuir en el último año dos puntos el porcentaje de software sin licencia, sigue teniendo una alta concentración de toda la “piratería” del mundo, con un índice del 63 por ciento. En ese panorama, Argentina es el segundo país de la región, después de Bolivia, donde el software viaja libremente. Así, con 645 millones de dólares perdidos el año pasado, las empresas de la industria dominada por la Business Software Alliance están en el escalón más alto del podio de la “piratería”.

“Es muy común que este tipo de delitos en el área de programación se vea como un delito tolerable”, Hernán Alberti, gerente general de la organización civil Software Legal. Sin ir más lejos existe una corriente liderada por el peor enemigo de Microsotf, Richard Stallman, que es conocido mundialmente como el profeta del libre flujo tecnológico. En su última visita al país, al filo de 2009, el hacker y programador neoyorkino dejó en claro su postura: “Un programa no tiene que ser privativo, debe permitir ejecutarse como el usuario quiera, posibilitar el estudio del código de fuente y distribuirse gratuitamente para contribuir a la comunidad”, explicó aquel entonces en el auditorio anexo de la Cámara de Diputados.

Sin embargo, Alberti intentó despejar esa visión de las grandes empresas multinacionales como privativas que perjudican a los Estados nacionales. “Cada país, por cada dólar de licencia que vende, se queda con el 35 por ciento de su valor, más alrededor de 10 pesos que se distribuyen por actividades ligadas al soporte”, explicó intentando romper la perspectiva de que las empresas monopólicas merecen ser pirateadas.

Lo cierto es que la industria debería permitir una mayor accesibilidad a los programas diseñados y distribuidos sin ánimo de lucro, en favor del libre conocimiento. Hasta ahora los pasos dados son mínimos. El diputado Eduardo Malacuse presentó un proyecto para que toda la administración pública se sume al software libre, frente al uso de programas privados bajo licencia o convenio, pero el proyecto todavía sigue en estudio.

A lo largo de 2009 alrededor de 200 mil sitios web, entre blogs y foros, fueron dados de baja por brindar archivos en Internet. Entre los sitios más populares se encontraban Tusdescargas y Siscate.com. Sin embargo a nivel legislativo el marco de las sanciones todavía no está claro. Por ejemplo trasladando las consideraciones del ámbito digital al real, la Cámara Federal porteña consideró que la venta de CD’s truchos no afecta “la ley de marcas”.

¿Cuáles fueron los fundamentos? “lo burdo de las falsificaciones no implica un engaño al comprador para hacerle creer que se le vende algo original cuando se le está dando algo fraguado”, sostuvieron en su sentencia los camaristas Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero. Así queda en evidencia que ni siquiera en el marco de la ley los criterios respecto a lo encriptado de la situación están unificados.

En medio la encrucijada, la discusión desde hace tiempo gira en un espiral. Todavía no tiene posiciones unificadas y difícilmente lo hará en lo inmediato, dentro de un mapa donde confluyen múltiples intereses.